– Aceptada la abrogación de la ley contra el lavado de dinero, persisten algunos paros.
– Presidente Arce llama a sectores oficialistas a continuar en “apronte”.
– Cívicos van ahora por otras leyes capitales del Gobierno.
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La Paz, 15 de noviembre de 2021
Boya.News – La intentona subversiva en Bolivia sigue en pie, alentada por cívicos de Santa Cruz y Potosí y facilitada por las dudas, tropiezos, retrocesos y hasta contradicciones del Gobierno de Luis Arce.
Tras siete días de paros, violencia, muerte, racismo, discursos desbordantes de mentiras o medias verdades, amenazas y temores, los gremiales se anotaron una victoria: la abrogación de la ley 1386 de lucha contra el lavado de dinero, anunciada por Arce en la noche del sábado 13 y que el parlamento ha prometido hacer efectiva esta semana.
La mayor parte de los paros gremiales y de sectores de transportistas, sus aliados coyunturales, podía considerarse en vías de extinción, aunque algunos de esos grupos dijeron que no darían por finalizado el conflicto hasta que Arce firme la ley.
Eso podría mostrar el camino de salida de una batalla perdida por el Gobierno, que defendió a rajatabla la norma de la cual la gran mayoría de los bolivianos no tenía ni idea hasta que estalló el conflicto de los gremiales, y que no pudo sostener en los momentos decisivos de la tensión.
La abrogación de la ley 1386 y el retiro en octubre de otra ley, rechazada también por los gremiales y otros sectores, que apuntaba a dar más poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en la lucha contra el dinero ilícito, dejan las cosas como estaban desde hace más de dos décadas: la investigación de fortunas mal habidas seguirá a cargo de una UIF que probablemente no tiene las herramientas legales completas pero que goza de una gran libertad de movimiento, como un súper poder casi fuera de control.
¿Hasta qué punto son conscientes de esto los gremiales y transportistas que lograron derrotar al Gobierno con el discurso añadido de que la investigación de fortunas violaría libertades individuales al estilo “socialista”?
Pasó algo similar, y con mucho más ruido, hace cuatro años cuando una insólita conjunción de cívicos, activistas religiosos, curas, pastores, médicos, maestros y otros sectores, todos antimasistas, forzaron la abrogación de la ley del nuevo Código Penal, que suponía según expertos nacionales y extranjeros la reforma más importante de la justicia boliviana en más de un siglo. Derrotado entonces por otra cadena de paros antigubernamentales convocados con banderas de rechazo al aborto, defensa de los médicos e “independencia” judicial, Evo Morales anuló esa norma. El país entero sigue lamentando ahora los males crónicos de la justicia, como los que dice sufrir la expresidenta Jeanine Áñez, o el maltrato de la niña cruceña de 11 años, una entre miles, cuyo reciente aborto legal resultó tan cuestionado.
La abrogación
En la noche del sábado 13, luego un fallido intento de diálogo con los gremiales, que terminaron cediendo a las presiones del Comité Cívico de Santa Cruz, Arce anunció la abrogación de la ley de la polémica con éstas y otras palabras:
– “Nosotros, escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando y para seguir paralizando nuestra economía”-
– “Nuestro gobierno quiere paz y tranquilidad; tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia y nuestras familias, porque todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de lo que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales; por eso nosotros ya no queremos más luto, más zozobra, más dolor, más intranquilidad”.
– “Porque estamos enfrentando problemas educativos, problemas de salud, (estamos saliendo) de una profunda crisis económica y no podemos parar la economía, no podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo, por lo tanto, se tomó esta decisión en ese marco para que no haya más pretextos, para que no haya más argumentaciones, que en realidad están ocultando una verdadera intención política”.
– “Lo que nosotros queremos ahora es que podamos tener la tranquilidad de que se reanuden las labores, continuemos construyendo esta economía que está saliendo y que necesita del concurso de todas y todos los bolivianos porque estamos enfrentando problemas de salud, educativos, estamos saliendo de la profunda crisis económica que ha afectado a nuestro país, No podemos parar la economía, no podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo”.
Los sectores sociales aliados del Gobierno, liderados por la Central Obrera Boliviana, respaldaron la decisión presidencial y reiteraron su denuncia de que la demanda de los gremiales se había convertido en un pretexto para un intento de “segundo golpe de Estado”.
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La subversión
Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, que aparentemente no entendieron la firmeza del rechazo de los gremiales a la ley anti lavado, mostraron el domingo 14 que sí tenían claro lo que pretendían los comités cívicos, que se adueñaron de las consignas sectoriales originales y las volvieron instrumentos de sus propios planes subversivos.
Entre ambos lados hubo el domingo un duro cruce de acusaciones y amenazas que ponían muy lejana la posibilidad de una pacificación de la vida política y social del país:
Arce en actos en Chuquisaca y La Paz:
– “Seguimos en la pelea, hermanos; ellos lo que no han ganado en las urnas quieren ganarlo ahora con la violencia. Eso implica organización y permanente movilización; nuestras organizaciones tienen que estar al apronte. No podemos bajar los brazos ni uno solo momento”.
– “Hay que organizarnos y movilizarnos, siempre estar al apronte; el enemigo no duerme, el enemigo que destruye la patria y saqueó nuestros recursos naturales (…) sigue vivo”.
– “No somos de la cultura de la violencia, pero tenemos derecho a defendernos, porque nosotros queremos paz y tranquilidad”.
Choquehuanca, en homenaje a Túpac Katari en Peñas (La Paz):
– “Todo tiene su límite, hermanos, que no despierten la ira del inca; cuando el pueblo se levanta no hay nada que lo pare y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia, la unidad del pueblo boliviano, nuestra estabilidad, nuestros recursos naturales y vamos a ser siempre fieles a nuestro pueblo, fieles a nuestro proceso de cambio”.
Rómulo Calvo, líder cívico creceño, tras cabildo del domigno 15:
– “El pueblo cruceño, representado por distintos sectores, que propiciaron el paro conjuntamente con el Comité pro Santa Cruz, ha resuelto mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abrogará la 1386 y en ese mismo lapso la Asamblea Legislativa deberá agendar la abrogación del paquete de leyes demandada por los sectores de la sociedad (…) y la reposición de los 2/3 en el reglamento legislativo”.
– “Nos mantendremos alertas ante cualquier otro intento legislativo que pretenda violentar los derechos y garantías constitucionales (porque) nuestra lucha continúa y lo más importante es seguir alimentando la unidad”.
Juan Carlos Manuel, presidente del Copmité Potosinista (COMCIPO):
– “Se continuará con las movilizaciones porque no es suficiente la abrogación de la Ley 1386; se exige la abrogación de todo el paquete de leyes, además de la restitución de los 2/3 (en la Asamblea Legislativa) para un mejor debate y elaboración de leyes constitucionales”.
– “La Policía debe estar al servicio del pueblo sin parcializarse con el grupo del MAS y se exige al gobernador (Jhonny Mamani) cumplir su compromiso de no convocar a la gente del área rural”.
Editor/Boya