– Comité Potosinista declara “persona no grata” al Presidente
– Cívico cruceño apunta a “tumbar” al Gobierno
– Movimientos sociales cierran filas en “defensa de la democracia”
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La Paz, 11 de noviembre de 2021
Boya.News – Los comités cívicos que se sumaron al paro nacional iniciado esta semana en Bolivia por los gremiales tardaron muy poco en mostrar que la protesta no busca solo la anulación de la ley que molesta a los comerciantes minoristas sino, sobre todo, bloquear y hasta derrocar al Gobierno de Luis Arce.
Opacado en su primer día, lunes 8, por el alboroto parlamentario y mediático que rodeó al primer informe anual de gestión de Arce, el paro de los sectores opositores ganó fuerza el martes en por lo menos tres departamentos -Santa Cruz, Potosí y Tarija-, con violencia extrema en la capital potosina, donde murió un campesino que no apoyaba la huelga, además de disturbios aislados en otras regiones, donde también se movilizaron transportistas de larga distancia.
El miércoles 10, tercer día de la protesta y segundo aniversario de la renuncia forzada de Evo Morales en la crisis de 2019, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) puso por escrito el objetivo final de la movilización: que se vaya Arce. En esa línea, el comité potosino decidió, en un cabildo de centenares de personas en la plaza central de la Villa Imperial, continuar la huelga antigubernamental “hasta las últimas consecuencias” y aprobar una resolución que declara “persona no grata” a Arce, le da plazo de 24 horas para que anule la ley de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y, luego de otras condenas, deja establecido, como manda el relato mediático dominante, que el conflicto es entre el “pueblo” y el Movimiento Al Socialismo.
El protagonismo tomado por los cívicos dejaba en segundo plano a las organizaciones gremiales, o de comerciantes minoristas, que iniciaron la movilización antigubernamental con la bandera de rechazo a la ley contra el dinero sucio.
Desconocimiento
La resolución del COMCIPO, que refleja las demandas comunes de los grupos que impulsan el paro opositor, tiene los siguientes diez puntos:
1. Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, que de nada sirvió el diálogo que le hemos pedido, además de ser racistas y discriminadores.
2. Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y del presidente de la asamblea departamental, Marcial Ayali, por financiar y alentar los enfrentamientos con los campesinos.
3. Exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por no proteger a la ciudadanía y parcializarse con el MAS.
4. Un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso penal contra el gobernador por el deceso de un ciudadano potosino, de lo contrario, la fiscal de distrito, Roxana Choque, debe renunciar a su cargo.
5. Exigir al Gobierno de Luis Arce abrogar en un plazo de 24 horas la Ley 1386 y todo el paquetazo de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas que van en contra de la población.
6. Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa restituir los dos tercios para la aprobación de leyes democráticas y constitucionales que favorezcan al pueblo, deben eliminar la mayoría simple.
7. Se exige un proceso penal, además de hacer responsables a los tres dirigentes de las subcentrales de los campesinos, por traerlos a la ciudad y provocar la confrontación.
8. No se aceptará ninguna persecución política contra todos quienes estamos realizando estas movilizaciones.
9. Estamos pidiendo amigablemente al Gobierno anular todos los procesos políticos de persecución que se encararon desde que ingresó al poder.
10. La renuncia de la representante de la Defensoría del Pueblo, Vilma Martínez, por estar vestida de azul y sometida al MAS.
Tumbar al Gobierno
Al concluir la tercera jornada de la protesta, el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, no ahorró palabras en apoyo a las demandas del COMCIPO ni para reafirmar que el objetivo del movimiento opositor es “tumbar al Gobierno”.
“Quiero pedirle al pueblo cruceño (que) nos estamos jugando nuestra última carta, esta última carta no lo vamos a perder, esta carta se llama democracia”, dijo Calvo, en las afueras del Comando de la Policía de Santa Cruz, sitio que usó por tercera vez en los últimos días para lanzar sus arengas contra el Gobierno y contra los jefes policiales nacionales.
Sobre el pronunciamiento del COMCIPO afirmó: “Ha sido categórico, ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno”.
Aseguró además que el paro, cuyo impacto se concentraba en las ciudades de Santa Cruz, Potosí y Tarija, cundiría en los próximos días a provincias cruceñas y otros departamentos.
Apronte oficialista
El presidente Arce, entretanto, continuó su campaña de descalificación de la oposición derechista que inició el lunes, en su discurso-informe de primer aniversario.
El miércoles, el gobernante asistió a sucesivos actos en El Alto y La Paz en los que importantes movimientos sociales cerraron filas en torno al Gobierno, llamaron a defender la democracia y dijeron estar listos para hacer lo necesario, empezando por salir a las calles, para enfrentar a los “golpistas”.
Arce dijo en El Alto, en un ampliado conjunto de las federaciones campesinas Tupac Katari (hombres) y Bartolina Sisa (mujeres) de La Paz, que el paro contra dos leyes fundamentales del Gobierno buscan en el fondo impunidad por las masacres y otros delitos del golpe de 2019.
“La derecha engaña, miente todo el tiempo, porque no tiene argumentos; lo único que quiere, lo único que está buscando es la impunidad con lo que ha pasado en el golpe de 2019 (…). Es necesario reflexionar sobre lo que está pasando, porque los vamos a necesitar, no vamos a permitir otra vez que pase como en 2019, no”, reflexionó Arce con los campesinos.
¿Paro contra las leyes o contra el Gobierno? El mandatario no dudó en señalar que las leyes objeto de la polémica -una contra el lavado de dinero y otra que contiene un plan quinquenal de desarrollo- son solo un pretexto para buscar la caída del Gobierno. “Si mañana derogamos una ley, luego van a cuestionar otra ley y así van a estar. Éste no es un tema que realmente les preocupa, lo que les preocupa es que avancen sus juicios (por el golpe de 2019), pese a que nuestra justicia es muy lenta. Saben que alguien ha dado la orden para que los militares disparen por la espalda; ellos tienen que asumir”, dijo, sobre los responsables de las masacres de noviembre de 2019, en el inicio de la gestión de facto de Jeanine Áñez.
“Algunos sectores ya no están contra la ley (anti lavado), sino que están contra el Gobierno”, sintetizó el oficialista presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.
Editor/Boya