– En la compleja telaraña de juicios y la búsqueda de justicia, son los únicos procesos en curso por esas violaciones de DDHH.
– Se negó a familiares de las víctimas sumarse a la acusación.
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La Paz, 1 de noviembre de 2021
Boya.News – Eran momentos dramáticos los de noviembre y diciembre de 2019. Se habían producido dos masacres y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, había enviado a Bolivia a su mejor negociador internacional, Jean Arnault, para promover un proceso de pacificación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una misión que estuvo en el país del 22 al 25 de noviembre. El 10 de diciembre emitió su informe preliminar con la recomendación de que se investigue y sancione la violencia extrema. El gobierno de Jeanine Áñez, interesado en hacer buena letra a nivel internacional, instruyó y los fiscales abrieron casos por las masacres de Sacaba y Senkata.
Son los dos únicos procesos por esos cargos que se ventilan en la justicia ordinaria.
La CIDH dijo en su informe: “…la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales”. Y en la conclusión número 13: “Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”. Por instrucción del gobierno de Áñez, los fiscales departamentales de Cochabamba y La Paz abrieron caso por las masacres de Sacaba y Senkata, por “asesinato, homicidio, lesiones graves y leves” pero se cuidaron de no presumir la culpabilidad de nadie y escribieron en la carátula “autores por identificar”.
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La paradoja a dos años de la violencia y casi un año del gobierno democrático de Luis Arce, que retornó al MAS al poder, es que solo los procesos abiertos “de oficio” en el gobierno de Jeanine Añez, en la justicia ordinaria, ventilan las dos grandes masacres. Se crearon “comisiones de Fiscales”, quienes ordenaron medidas cautelares para cuatro generales militares y uno de la Policía por la masacre de Senkata y cuatro militares con detención preventiva domiciliaria en Cochabamba por la masacre de Sacaba. Y declararon sus investigaciones en reserva.
David Inca, de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y dirigente de una de las agrupaciones de familiares de víctimas, quienes culminaron la semana pasada siete días de caminata para recorrer 190 kilómetros por el altiplano de Oruro a La Paz, a fin de hacer visibles sus reclamos de justicia y “reparación”, admite la paradoja y añade otra: su grupo de víctimas “se apersonó” solicitando ser admitidos como parte demandante, y el juez y los Fiscales les respondieron que no, que primero deben demostrar que son víctimas.
Inca explica que, en los tres cuerpos de expedientes, están la nómina de heridos, de los fallecidos, informes médicos, informes de autopsia, certificados de matrimonio y aún así rechazaron que las víctimas sean parte de la acusación. Los familiares pretenden ampliar la acusación por delitos como tortura, por ejemplo, a heridos y detenidos.
Los fiscales son prácticamente los mismos ahora que en el gobierno de Áñez, al igual que el Fiscal General, Juan Lanchipa, quien para poner paños fríos a la marcha de los 190 kilómetros anunció que la investigación del caso Sacaba-Huayllani, de Cochabamba, está más avanzado y podría conocerse la acusación formal en noviembre de este año.
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TRES TRISTES TIGRES
Como parece ser tradición en estos casos, los familiares y víctimas han sido divididos. Un grupo, el más grande, está con David Inca, que además de tener a la mayoría de familiares de asesinados en Senkata, también logró convocar y representar a la mayoría de familiares de asesinados de Sacaba-Huayllani. Un segundo grupo es cercano al ministro de Justicia, Iván Lima, con quien han planteado juicio de responsabilidad contra Jeanine Añez, trámite de destino incierto que debe resolverse en la Asamblea Legislativa.
En el parlamento, el MAS tiene mayoría pero no los dos tercios imprescindibles para autorizar juicio de privilegio. Las otras dos fuerzas políticas, Creemos del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, ambos señalados como parte del “golpe de Estado”, ya dijeron que no apoyarán nada que sugiera “la narrativa” de golpe.
El tercero en discordia es un Comité Impulsor, integrado por 14 instituciones de la sociedad civil, donde destaca el abogado Aldo Michel, quien dice contar también con víctimas de la violencia de Jeanine Áñez. Este grupo promueve el proceso ordinario en curso planteado por la ex diputada del MAS Lidia Patty, que provocó la detención preventiva de Jeanine Áñez desde marzo de este año en La Paz. La acusación inicial es de supuestos delitos cometidos antes de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Michel explica que irán incorporando otros delitos y rechaza los juicios de responsabilidad que, en su criterio, sólo confunden y complican más el escenario jurídico legal.
Los tres grupos se muestran irreconciliables. Y se lanzan dardos verdaderamente envenenados.
Alrededor de los tres procesos en la justicia ordinaria (dos de la era Añez y uno de la ex diputada Lidia Paty), y cuatro demandas de juicio de responsabilidad, danzan varios otros en la vía ordinaria, también contra Añez y algunos de sus colaboradores, hasta ahora imposibles de cuantificar.
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OTRO ACUERDO
Las 30 horas de negociación que siguieron a la marcha de 190 kilómetros de los dirigidos por David Inca dieron luz (27 de octubre) a “un acta de reunión” con el Gobierno del presidente Arce.
Familiares de victimas de las masacres de 2019, a media marcha por el altilplano rumbo a La Paz, el 22 de octubre de 2021. (ABI).
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Lo central de esta acta es que los acuerdos se concretarán el 5 de noviembre, luego de que el Gobierno negocie con los otros grupos de familiares y víctimas. Entonces también se decidirán las reglas de un censo de víctimas cuyo resultado será la piedra sobre la que se construirá “un plan de restauración integral” (ayuda económica social, sanitaria, de vivienda, psicológica, etc.). Se ha descartado ampliar la inicial ayuda de 50.000 bolivianos por muerto de la era Áñez y la solicitud de 5.000 bolivianos de renta mensual, a cambio de la creación de un fondo para otorgar créditos para actividades productivas con medio punto (0,5) por ciento de interés. Esto desmoronó la campaña de la derecha y sus medios que acusaban a las víctimas de pretender utilizar su drama para sacarle dinero al Estado.
Editor/Boya.News